El texto apuesta por el aprovechamiento de los recursos, la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente

Con este anteproyecto se traspone la Directiva 2008/98/CE para actualizar la legislación para hacerla "más ambiciosa y eficaz" después de 10 años de la primera ley de residuos.
El texto apuesta por el aprovechamiento de los recursos, la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente.
Además, actualiza el régimen jurídico de la producción y la gestión de los residuos; delimita las obligaciones de productores y gestores; y simplifica trámites administrativos, utilizando un registro compartido entre las Administraciones, de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión.

Según la legislación de la Unión Europea, antes de 2015 deberá realizarse una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), posibilitando la separación de los biorresiduos y el establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno.
El texto incorpora objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de un 50 por ciento antes de 2020 para distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares. En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70 por ciento en reutilización, reciclado y valorización.
El nuevo texto establece que las Administraciones Públicas aprobarán programas y planes de prevención de residuos, así como de gestión, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La nueva Ley contribuye a impulsar la innovación asociada a productos y procesos, mercadotecnia y diseño, generando nuevas oportunidades laborales y sociales.
Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de residuos, y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.
El nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones. También clarifica y completa el régimen sancionador.
El Gobierno destaca que para la elaboración de la propuesta aprobada este viernes se ha celebrado un proceso abierto de participación y consulta con las comunidades autónomas, las entidades locales y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

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